Ecoceanos solicita a Fiscalía que investigue a «peces grandes» y transnacionales de Islandia y Japón que financian a pescadores y políticos
Ecocéanos preguntó a la Fiscalía si «¿Pueden compañías transnacionales pesqueras japonesas e islandesas intervenir en financiamientos ilegales de la política interna chilena, especialmente en regiones estratégicas de la zona sur-austral, además de ser partícipes de situaciones de fraude al fisco e intervención en el parlamento para obtener leyes de pesca a su medida?».
Santiago de Chile, 11 de Julio del 2016 (Ecocéanos News)– El Centro Ecocéanos llamó hoy a la fiscalía nacional a investigar a las grandes empresas pesqueras, senadores, operadores políticos y dirigentes de las confederaciones de la pesca artesanal involucrados en situaciones de financiamiento legal de la política y fraude al fisco vinculados a la patronal pesquera FIPES que está integrada por compañías nacionales y multinacionales y que opera en la zona sur austral de Chile.
Es necesario que la Fiscalía solicite a TVN una copia del programa y revisar los nombres que aparecen en los correos electrónicos exhibidos en la investigación, tales como Carlos Vial vicepresidente de FIPES y gerente de FrioSur, Valeria Carvajal, gerenta de FIPES y ex abogada jefe de la Subsecretaría de pesca durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet; los senadores Patricio Walker -quien controla importantes intereses políticos en Aysén-;y Antonio Horvarth, quien fuera presidente de la comisión de pesca del senado el 2012 y presidente de la comisión mixta que finalmente aprobó la Ley Angelini-Longueira de privatización pesquera.
Según el reportaje de TVN, Horvarth durante el período más álgido de la discusión en el parlamento contó como asesora a Valeria Carvajal, gerente general de FIPES, quien le sugería diversos tratamientos a los artículos en discusión.
Entre los nombres que aparecen en los correos electrónicos dados a conocer aparecen entre otros, Mario Inostroza (de la empresa Nissui), Jorge White (Conapach), Rodrigo Azócar (consultor pesquero), José Luis Del Río (Dueño de Frio Sur) y Seiji Takahashi, representante de Nippon Suissan Kaisha (Nissui / Endepes).
Es así que en un correo electrónico del 20 de junio del 2013, que envía Mario Inostroza a Seiji Takahashi de la transnacional japonesa Nissui Latino América, le señala: “hablé con Pumarino san, respecto a la solicitud del Sr. Del Río a senador Walker La cantidad total es de 12 millones, 50% a cargo de Salmones Frío Sur y 50% a cargo de Nissui”.
En este correo también se señala que “la sugerencia es que Deris y NAL (Nissui America latina) realicen el aporte”. Deris es el holding de J.L. Del Río, Carlos Vial y la transnacional pesquera de islandia Grandi HB.
¿Pueden transnacionales financiar la política interna chilena?
El Centro Ecocéanos señaló que “la investigación de Informe Especial abre el camino para que la Fiscalía Nacional amplie y profundice las investigaciones sobre cohecho y fraude fiscal vinculada con la corrupta ley de pesca y acuicultura hacia las regiones, empresas pesqueras, parlamentarios de las regiones sur-australes de Chile y dirigentes de la pesca artesanal».
«El hecho que se amplíe el interés investigativo y de la ciudadanía desde Corpesca hacia Fipes es un gran paso. Fipes debería señalar hacia que otros dirigentes de la pesca artesanal fueron dirigidos los 124 millones de pesos que se entregaron el 2012 en plena discusión parlamentaria de esta corrupta ley», agregó la organización ciudadana.
Ecocéanos además preguntó a la Fiscalía si «¿Pueden compañías transnacionales pesqueras japonesas e islandesas intervenir en financiamientos ilegales de la política interna chilena, especialmente en regiones estratégicas de la zona sur-austral, además de ser partícipes de situaciones de fraude al fisco e intervención en el parlamento para obtener leyes de pesca a su medida?».
El centro Ecoceanos indicó que “estas preguntas a la fiscalía, empresas y políticos son de amplio interés público, debido a la lucha que están realizando la ciudadanía organizada y los movimientos sociales contra el abuso y la corrupción de la casta política-empresarial, la cual se expresa en la exigencia de mas de 300.000 ciudadanos que demandan anular la ley Angelini-Longueira de pesca y acuicultura».
